Por: Iván Cepeda Castro: ESTA
SEMANA VISITÉ MONTERÍA por primera vez. Lo hice por invitación del
Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia,
Sintraunicol. El aeropuerto está cerca de la ciudad y colinda con la
hacienda El Ubérrimo, propiedad del presidente Álvaro Uribe.
Mis acompañantes me hablan del abogado José Corena, quien se ha encargado
de los negocios de tierras del Presidente y de su primo Mario Uribe. En
la misma región tienen tierras los Castaño, Mancuso y alias Don Berna.
A pocos kilómetros se encuentran los barrios suntuosos de los ganaderos
y terratenientes de la región: El Recreo y La Castellana. En este
último, la familia de Mancuso tiene una gran mansión. En la ciudad hay
locales comerciales que todo el mundo sabe que pertenecen al jefe
paramilitar.
Cuando
pregunto si alguna autoridad ha ordenado la extinción de dominio sobre
esos predios y negocios, quienes me acompañan se ríen. En esa misma
zona quedan el club social y los estaderos, donde se hacen las
reuniones de la alta sociedad. Me cuentan que en las fiestas se veía
con frecuencia al ex fiscal Luis Camilo Osorio. Pasamos por el
restaurante La Vittoriana, propiedad de los hermanos Jaime y José
Maroso, socios y testaferros de Mancuso. José fue nombrado por este
Gobierno en cargos diplomáticos: uno en Italia, el otro en Suiza. Ahora
los grupos paramilitares los dirige DoménicoMancuso, primo de Salvatore.
A
la sombra del puente que mandó a construir el presidente Uribe, y que
lleva a su hacienda, en las riberas del río Sinú, habitan miles de
desplazados en la miseria. Vienen de sitios como Tierralta y Valencia.
El Comité Civil de Víctimas del departamento de Córdoba, Comfavic,
agrupa a 7.800 familias. Muchas tienen más de un asesinado o
desaparecido por los grupos paramilitares. Es obvio que para quien
viviera o visitara la ciudad o las haciendas vecinas sería imposible
ignorar la realidad de esos crímenes. ¿Cómo desconocer que se estaban
perpetrando miles de asesinatos y no ver a los desplazados? ¿Cómo
ignorar quiénes eran Mancuso y el clan de los Castaño en una ciudad en
la que todo se sabe y se comenta en voz baja?
Finalmente,
llegamos a la Universidad de Córdoba. Los empleados y estudiantes han
comenzado un movimiento para exigir que renuncie el actual rector,
Claudio Sánchez Parra. También reclaman verdad y justicia. Desde 1995,
19 personas pertenecientes a la universidad han sido asesinadas. El 18
de febrero de 2003 Mancuso citó a profesores y a empleados a Santa Fe
de Ralito y les advirtió que de no asistir deberían atenerse a las
consecuencias. En la reunión estaba presente el delegado del Gobierno
Félix Manssur Jattin. Luego de leer las hojas de vida de los profesores
que habían sido sacadas de los archivos de la universidad, Mancuso les
presentó a Sánchez Parra y les dijo: "Este que está aquí a mi lado es
mi amigo, y en la universidad debo tener a mis hombres de confianza".
El nuevo rector designó a familiares de Mancuso en puestos de
dirección. A pesar de que la Fiscalía y la Procuraduría adelantan
investigaciones en su contra, sigue en la rectoría. Esta semana el
Movimiento de Víctimas dirigirá una petición al Gobierno y hará una
campaña internacional pidiendo su destitución inmediata.
Tal
vez existan fotos, testigos o grabaciones de los encuentros de los
terratenientes, políticos y militares con Mancuso, mientras miles de
personas estaban siendo asesinadas o desplazadas. Pero más allá de esos
elementos fácticos, todo el orden social, la vecindad espacial de las
grandes haciendas y los centros de la alta sociedad en Montería
muestran la realidad de un poder criminal: la prueba es la ciudad misma.