EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO SE ha dejado ver estas últimas semanas con mayor rigor y celeridad. La justicia civil ha probado su idoneidad frente a la justicia penal militar.

Por: Alfredo Molano Bravo

Al general (r) Faruk Yanine Díaz, absuelto por la justicia penal militar en 1997 por el asesinato de 11 miembros de una comisión judicial en La Rochela, Santander —que investigaba la masacre de 19 comerciantes en Cimitarra el 9 de octubre de 1987—, hoy la Fiscalía va a llamarlo a responder por concierto para delinquir por acción y omisión en estos horripilantes crímenes que le abrieron la puerta al paramilitarismo en el Magdalena Medio y dieron oportunidad de estrenar las enseñanzas que había dejado el coronel israelita Yair Klein, hoy pedido en extradición.

El general Yanine era por aquel entonces comandante de la Segunda División del Ejército y se llamó a sí mismo el "Pacificador de Puerto Berrío". Pero las confesiones de dos de los jefes de las Autodefensas del Magdalena Medio, el Negro Vladimir y Ramón Isaza, lo acusaron de participación activa, y el oficial, que había gritado desde el estrado el día que fue absuelto por sus compañeros "Nunca podrán contra el general Yanine", tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados.

El pasado 15 de abril la Fiscalía aseguró en la cárcel a 6 de los 13 militares involucrados en la masacre de ocho personas, cinco adultos y tres niños, ocurrida el 21 de febrero de 2005 —de los cuales un matrimonio y su hijo fueron decapitados a machete— en San José de Apartadó. El Presidente citó a un Consejo de Seguridad en Urabá y declaró que la comunidad protegía a los terroristas. Hoy se tiene claro que en el hecho participaron los "Héroes de Toloyá", hombres de Don Berna, que ya estaba en la cárcel.

El pasado jueves se conoció la sentencia dictada por el Juez Cuarto Penal del Circuito de Cali condenando a 13 militares del Ejército a 50 años de prisión, entre ellos al coronel Carvajal —oficial con 150 felicitaciones de sus superiores—, por la masacre de 10 miembros de la Dijín en Jamundí, zona de caballistas. El juez determinó que fue una emboscada a mansalva y no un episodio de fuego amigo como explicó Carvajal. La sentencia enterró, de paso, la tesis del general Montoya: la tropa tiene derecho a "disparar preventivamente". También la semana que termina la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra 29 militares por el asesinato de dos campesinos en 2005 presentados como guerrilleros muertos en combate.

El CTI detuvo a una docena en el Batallón La Popa de Valledupar, una guarnición cuyo comandante, el coronel Hernán Mejía —uno de los oficiales más condecorados del Ejército— ha sido también llamado a juicio por otra masacre, la de 18 paramilitares presentados como guerrilleros del Eln en 2002. En realidad se trató de un crimen ordenado por Jorge 40 por alguna retaliación o llamada de atención disciplinaria. La Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia investiga 955 casos de ejecuciones extrajudiciales en que están implicados miembros de las FF.AA., y la Procuraduría General de la Nación ha abierto investigación por el mismo delito a 670 militares; el CINEP ha documentado 90 casos de falsos positivos en 2007.

Todo lo anterior debería acreditar ante la opinión pública la denuncia del ministro de Gobierno del Ecuador, Fernando Bustamante, quien señaló que de los 19 cadáveres de los guerrilleros muertos en el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, "cuatro de ellos fueron rematados con disparos por la espalda". Acusación que el canciller Araújo calificó de "falaz", sin tener pruebas sólidas y suficientes de carácter forense.

· Alfredo Molano Bravo